A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), junto al Consejo Minero Federal (Comif), el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera), la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (Aemca) y la Cámara de Proveedores de Andalgalá, expresaron su preocupación "por las consecuencias que traerá la sanción de una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto” en Andalgalá. El documento observa que la normativa municipal "viola la constitución y atenta contra el empleo”.
"Los que celebran ignoran el impacto que provocará en la matriz productiva de la zona”, exponen, por cuanto "la minería tiene un costado social en su rol de motor económico de las localidades”, ya que "no sólo genera empleo directo, sino que moviliza pymes a su alrededor”.
"Es una industria donde el 80% de los insumos son consumidos en el mercado interno y que deja en el país un 70% de las ganancias que produce”, apuntan.
Así, postulan lo "alarmante” de que un "cuerpo deliberativo promueva la sanción de una norma contraria a la Constitución Provincial y que transgrede explícitamente la Carta Orgánica (CO) de Andalgalá”. Esta última, en su articulado, contempla que "el Municipio promoverá y estimulará las actividades mineras como medio destinado a impulsar el desarrollo económico y social”
"Para el desarrollo del país deben generarse reglas de juego claras que promuevan la inversión”, indican. Para el caso, "decisiones como estas envían un mensaje contradictorio y desalentador para los desarrollos” en Catamarca.
"Más allá de que la ordenanza pueda ser declarada inconstitucional, lo grave radica en la imagen que se envía como país, en el que un grupo de ediles puede ir en contra de lo que establece la CO por la que juraron, la Carta Magna provincial, el Código de Minería y la mismísima Constitución Nacional”, observa.
Además, expresan que "proteger el futuro de una localidad es también garantizar oportunidades a sus ciudadanos generando proyectos productivos.
"Una respuesta sensata de los representantes políticos hubiera sido ir más allá de una reacción lineal y prohibitiva, asumiendo sus responsabilidades para fomentar mecanismos de control que garanticen una industria minera transparente y segura”, analiza la Caem. En este sentido, agrega que también deben "preocuparse por hacer buen uso de los recursos económicos que la industria minera aporta, generando mecanismos de transparencia que garanticen el desarrollo integral de la región”.
"Matar las oportunidades productivas de Andalgalá y desincentivar las inversiones en la provincia es dañino e irresponsable”, culmina.
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